La lucha contra la red de narcotraficantes en Colombia

Quizás el peor estereotipo del país de Colombia es su vínculo a la red de narcotraficantes. Este tema afecta a toda la gente colombiana en una manera u otra.


Desafortunadamente, lo más común en términos de las gangas de drogas en Colombia (y también en cualquier país en que el narcotráfico maneja la economía, el gobierno y las vidas de la gente) es que las empresas que tratan de evitarlas son castigadas por ellas. Eso es el caso de Fernando Salazar Calvo, un líder del Cañamomo Lomaprieta Resguardo Indígena y una voz muy activo en la industria minera allí. Está ubicado en las municipalidades de Ríosucio y Supía, en Caldas, Colombia.

El 7 abril 2015, Calvo fue asesinado por un pistolero desconocido. Aunque este tragedia ocurrió hace 6 meses, todavía hoy, no hay más información disponible sobre la identidad del perpetrador. Sin embargo, lo que sabemos es que Calvo, junto con otros lideres indígenas del región, fueron amenazados repetitivamente por muchos años por varios grupos paramilitares que se llaman los Rastrojos, los Urabeños y las Aguilas Negras. Estos grupos quieren obtener control de la industria minera para usarla como medio para lavar su dinero y alimentar sus actividades ilegales.

Manifestación contra la Violencia Narcotráfica

Estas gangas tratan de intimidar y aprovecharse de la comunidad indígena en la región de Caldas por uso de tácticas de miedo como: amenazas por teléfono, actividades de extorsión y la presencia física de hombres armados entre sus pueblos durante las noches. La muerte de Fernando Salazar Calvo no es ni siquiera el primer. Habían muchos asesinados de este comunidad antes de él; el primer tuvo lugar en 2003, con la muerte de 4 hombres, y la violencia ha continuado desde este punto adelante.

Nunca hubo justicia para las victimas de los sindicatos del crimen organizados en cualquier forma. No hay ningún registro de estos eventos en las noticias nacionales, a pesar de que la comunidad indígena pidió una y otra vez investigaciones oficiales sobre los asesinados.

Los indígenas no han recibido apoya del gobierno colombiano y les piden ayuda a las organizaciones como Amnesty International y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Aunque se han dado medidas de protección, esa no ha impedido una migración masiva de la población indígena afuera de su comunidad, así como la continuación de los asesinatos.

La corrupción no puede ser corregida a menos que tengamos el apoyo del gobierno colombiano, que todavía ha estado en silencio en lo que respecta a este horror. La población indígena experimenta el mayor riesgo de violencia por la red de narcotráfico, y por eso, la atención se debe centrar en su sufrimiento.

Más información: Informe de Amnistía InternacionalSobre el Grupo Indígena CañamomoInforme de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

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